INEBRA, sábado, 27 agosto 2005 (ZENIT.org).- La plaga de cerca de 12,3 millones de personas atrapadas en trabajos forzados alrededor del mundo ha sido analizada en la conferencia anual de los 178 miembros de la Organización Internacional del Trabajo. El encuentro de la OIT, que tuvo lugar del 31 de mayo al 16 de junio en la sede de la organización en Ginebra, dedicó la sesión del 8 de junio a discutir un informe preparado sobre el tema.
El 11 de mayo en la publicación del texto del informe, titulado «Una Alianza Global contra el Trabajo Forzado», el director general de las OIT, Juan Somavia, calificó dicho tipo de trabajo como «un mal social que no tiene sitio en el mundo moderno». Y añadió: «Para lograr una justa globalización y un trabajo decente para todos, es un imperativo erradicar el trabajo forzado».
El informe calcula que al menos 2,4 millones de personas son víctimas del tráfico de seres humanos. También proporciona la primera estimación global de los beneficios generados por la explotación del tráfico de mujeres, niños y hombres: 32.000 millones de dólares al año, cerca de 13.000 dólares por víctima.
El informe comienza definiendo el concepto de trabajo forzado. No se debe confundir con las pobres condiciones de trabajo o salarios por debajo de lo normal. Más bien, la OIT considera que dos elementos están implicados en el trabajo forzado: el trabajo o servicio se ejecuta bajo la amenaza de un castigo; y es realizado contra la voluntad propia.
Las formas del trabajo forzado varían ampliamente. En el pasado, la esclavitud o el estar encadenado al trabajo eran comunes, y todavía persisten en algunos países, especialmente en Asia. Las formas más modernas suelen ligarse a trabajo migratorio y a tráfico de personas por razones comerciales, con frecuencia implicando a mujeres y niños en actividades que se extienden desde el tráfico de drogas a la explotación sexual. Asimismo, a los trabajadores emigrantes en Oriente Medio y en otras partes se les obliga a entregar sus documentos y a confinarse en una casa con la libertad de movimientos restringida.
Estimaciones a la baja :
De los 12,3 millones de personas en trabajo forzado, 9,8 millones están explotadas en el sector privado. Otras 2,5 millones se ven forzadas a trabajar por gobiernos o por grupos militares rebeldes.
Ésta es la primera vez que la OIT ha hecho una estimación de las personas implicadas en el trabajo forzado y una parte del informe se dedica a describir la metodología utilizada. La cifra es un «mínimo estimado» que probablemente yerre, reconoce el estudio.
La mayoría de las personas afectadas por este fenómeno están en Asia, con cerca de 9,5 millones de trabajadores forzados. Siguen América Latina y el Caribe con 1,3 millones. El resto se divide entre los 660.000 del África subsahariana; los 260.000 en Oriente Medio y norte de África; 360.000 en los países industrializados; y 210.000 en los países de tránsito.
Un análisis de los datos muestra diferencias regionales en la composición del tipo de trabajo forzado. En Asia, América Latina y África Subsahariana, la proporción de víctimas sometidas a tráfico está por debajo del 20% de todo el trabajo forzado. Sin embargo, en los países industrializados, los países de tránsito y Oriente Medio y el Norte de África, el tráfico cuenta con más del 75% del trabajo forzado.
El informe observaba que en la práctica hay con frecuencia una mezcla entre contrabando y tráfico con seres humanos. Muchos de los que terminan en el trabajo forzado han emigrado voluntariamente y se convierten en víctimas en su camino o en su destino. Los principales tipos de trabajo afectados por el tráfico son la industria del sexo, la agricultura, el trabajo doméstico y la construcción. También ocurre en el sector de los restaurantes y el catering, así como en pequeñas empresas de manufacturas.
El informe de la OIT comentaba más adelante que mientras el trabajo forzado impuesto por el estado no es el principal problema en términos numéricos, no obstante sigue siendo causa de seria preocupación. Los tipos de trabajo implican prácticas como el trabajo impuesto por el estado por actos «antisociales», especialmente en China con su sistema de «reeducación a través del trabajo». Las cifras oficiales del ministerio de justicia chino indican que unas 260.000 personas han sido detenidas bajo este sistema desde principios del 2004.
El régimen militar de Myanmar es también conocido por sus programas de trabajos forzados, con numerosas quejas que han llegado a conocimiento de la OIT. El informe acusaba al régimen de permitir una situación «donde las políticas estatales permiten a las autoridades locales utilizar y beneficiarse del trabajo forzado de los pobres». En África, continuaba el informe, hay preocupación por la posible imposición de trabajo forzado por motivos de desarrollo.
Causas y curas :
El informe observa que no hay unanimidad sobre lo que causa el trabajo forzado. En los países en desarrollo, donde en el sector rural hay trabajo forzado, hay debates en curso sobre si la falta de crédito o de mercados financieros, o sistemas agrarios y relaciones de poder desiguales, explican la persistencia de este tipo de trabajo forzado. No está claro hasta qué punto la actual tendencia a la globalización contribuya a nuevas formas de trabajo forzado.
En países en desarrollo, la aplastante mayoría de las víctimas del trabajo forzado son pobres. Y en muchos casos la existencia de trabajo forzado puede estar ligada a patrones de discriminación.
En años recientes los países han intentado coordinar su acción para luchar contra la explotación de las personas. El 25 de diciembre de 2003, entró en vigor el protocolo de Tráfico que complementaba la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional.
A nivel regional, organizaciones como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, o la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, han hecho declaraciones y formulado planes para combatir el problema.
Algunas dificultades han impedido, sin embargo, los esfuerzos. Las definiciones de tráfico de seres humanos o trabajo forzado suelen ser tan generales que los fiscales y los tribunales encuentran difícil identificar estas situaciones en la práctica. También, leyes por separado pueden definir trabajo forzado, esclavitud y tráfico de forma diferente. E incluso cuando un país tiene una prohibición constitucional contra tales prácticas, con frecuencia no se apoya en leyes específicas, haciendo extremadamente difícil llevar estos casos a los tribunales.
Además, aquellas víctimas que son emigrantes ilegales se muestran esquivos a la hora de denunciar prácticas de trabajo forzado a las autoridades, porque temen ser deportados o perder los salarios que consiguen gracias a él.
Plan de acción :
El informe de la OIT concluye con una serie de propuestas para luchar contra el trabajo forzado. Para empezar, recomienda abordar las raíces del problema, que se presenta por causas como la discriminación, la privación y la pobreza. Luego llama a remediar carencias tales como la inadecuada regulación o las débiles o inexistentes inspecciones laborales. Asimismo, anima a la adopción de una legislación clara y la delegación del poder verdadero a agentes que apliquen la ley.
Otra recomendación es mejorar la coordinación, con la formación de una alianza global contra el trabajo forzado, entre organizaciones de empleados y trabajadores, agencias gubernamentales, y otros organismos internacionales.
El informe también anima a los países a poner en práctica programas de rehabilitación comprehensivos para apoyar a las víctimas del trabajo forzado. Sin esta ayuda, advierte, las víctimas libertadas pueden volver a caer en situaciones de trabajo forzado.