Buenos Aires, OCT 21 (AICA): La Corporación de Abogados Católicos advirtió que el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1086/2005, cuyo artículo primero aprueba un documento titulado ?Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación?, en el que se anuncian medidas legislativas, administrativas y jurisdiccionales que ?trasgreden gravemente normas sustantivas de la Nación?.
La entidad asegura, en un comunicado, que el texto -refrendado por el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el Ministro de Justicia, Alberto Iribarne- prevé la ratificación ?sin reservas ni cláusulas interpretativas? del Protocolo sobre Discriminación de la Mujer (CEDAW), cuyo ?órgano de control? se caracteriza por ?promover políticas y legislaciones netamente abortistas?.
La Corporación señala que propone además sancionar ?una ley nacional de unión civil para parejas de un mismo sexo con garantías y atribuciones similares que las parejas heterosexuales; modificar del sistema integrado de jubilaciones y pensiones ?introduciendo iguales derechos para las parejas de un mismo sexo?; revisar la Ley de Ejercicio de la Medicina, que impide las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo; replantear la aplicación práctica del artículo 2° de la Constitución Nacional y evitar ?privilegios económicos automáticos?; y disponer lo necesario para mantener la neutralidad religiosa en los ámbitos oficiales, adecuando el uso de simbologías confesionales?
También apunta a ?arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal efectivo sobre formas y contenidos de los medios de comunicación estatales, privados, comunitarios e Internet que incluyan cualquier tipo de discriminación, prejuicio, burla, agresión y/o estigmatización a distintos grupos o sectores de la población que por sus características puedan ser víctimas de discriminación; efectivizar el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en todo el territorio nacional, dotándolo de los insumos, la capacitación necesaria de los profesionales y propiciando el marco para un debate social sobre el aborto no punible; y promover la sanción de una ley tendiente a amparar a las mujeres trabajadoras sexuales, reconociendo su derecho a jubilación y seguridad social?.
?Todos estos temas están contenidos en el anexo, de 400 páginas, del decreto que, como verdadero ?Caballo de Troya? y sin el menor respeto por las normas republicanas, el Poder Ejecutivo pretende imponer a la Nación, ignorando a los sectores involucrados, entre otros a la Iglesia Católica a la que embiste especialmente, como al propio Congreso de la Nación?, subraya la organización de abogados.
Por último, la Corporación de Abogados Católicos reclama que ?se deje sin efecto el Decreto 1086/2005 y se invite, en todo caso, a las numerosas entidades públicas y privadas que han sido ignoradas por los responsables de ese cuerpo normativo, a expedirse sobre los graves y delicados temas abordados con marcada carga ideológica y tanta ligereza?.