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Entidades de Iglesia se plantan contra las políticas de Vox en Madrid

27 de jun de 2019
El texto anima a los partidos a buscar un acuerdo alejado “de las políticas xenófobas y racistas promovidas por VOX”. “La hospitalidad no se puede criminalizar, y quien intente hacerlo va contra la Declaración de los Derechos Humanos”

Una veintena de entidades de Iglesia – entre ellas la Conferencia de Religiosos de España (CONFER), el Colectivo de Profesores Cristianos por la Escuela Pública, la Fundación La Merced Migraciones y la Red interlavapies – han firmado un manifiesto ante las condiciones que VOX está poniendo para facilitar un gobierno en la Comunidad de Madrid.

El texto, que se centra en las condiciones del partido con respecto a la inmigración irregular, se titula ‘Salvemos la hospitalidad, otra vez’, haciendo referencia a la campaña que se llevó a cabo en 2013 cuando “el gobierno del PP quiso criminalizar” las actuaciones de las organizaciones, entidades y personas particulares que atendiesen a inmigrantes. Y esto es, según el manifiesto, lo que está haciendo VOX 6 años más tarde.

La hospitalidad es “un deber presente en todas las culturas, y en algunas, una seña de su identidad”, explica el documento. “Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en la Comunidad de Madrid si prosperan las propuestas para un gobierno tripartito integrado por VOX, PP y Ciudadanos”, añade.

Criminalizar al inmigrante

El manifiesto destaca que a una “tendencia criminalizadora” de la inmigración irregular, por la cual se considera “a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente”, se unen “las exigencias de negociación del partido VOX a quienes pretenden ser sus socios”.

Y es que, en cuatro puntos, VOX resume su política hacia la inmigración irregular. El primero, la colaboración con las Fuerzas de Seguridad por parte de “todos los organismos de la Comunidad de Madrid”, incluidos los relacionados con el ámbito sanitario, para identificar a “todos los inmigrantes que se encuentren en la Comunidad de forma ilegal, con especial atención a la identificación y repatriación de los MENAS”, es decir, los menores no acompañados.

Sobre esto, el documento destaca que ninguna persona migrante “está fuera de la ley” ni es, por el mero hecho de haber abandonado su país, un “delincuente”. “Sus vidas no quedan fuera de la legalidad”, subraya el manifiesto. Además, señala que la práctica de las identificaciones por “perfil étnico” ha sido “denunciada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas” y que aplicarla “con especial atención a los migrantes menores de edad, niños y niñas nacidos en otros países, suma a todo lo anterior la vulneración del interés superior que cualquier menor tiene frente a cualquier norma”.

De la misma manera, el texto recuerda que “Naciones Unidas ha condenado a España en este mismo año por la deportación sumaria de un niño no acompañado de España a Marruecos”, convirtiéndose este en el primer dictamen de la ONU que “certifica la ilegalidad de las llamadas devoluciones en caliente tan polémicas en nuestro país” y que “VOX impulsa”.

Recursos sanitarios

El segundo punto de las negociaciones se centra en que “los recursos de los madrileños no son infinitos”, por lo que se pretende “requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña”.

Esto es entendido por estas entidades de la Iglesia española como “exclusión sanitaria”, ante lo que subrayan que “nunca se ha acreditado el incremento del gasto que supone la atención sanitaria a las personas migrantes”. Sin embargo, “lo que afirma una investigación presentada en abril de 2018 por el Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra” es que, “en términos absolutos”, los últimos cambios en la cobertura sanitaria para los migrantes en España han supuesto “un incremento de 70 muertes anuales”, una cifra que “aumenta con el tiempo”.

Dejar a los inmigrantes sin ayuda

Los últimos dos puntos que VOX propone en la negociación son el de “suprimir las ayudas a inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal”, así como promover la ilegalización de organizaciones “que cooperen con las mafias de tráfico de personas, o favorezcan la inmigración ilegal”.

Ante estas exigencias, las entidades señalan que “la hospitalidad no se puede perseguir ni criminalizar, y quien intente hacerlo está remando contra la Declaración de los Derechos Humanos, está remando contra los principios básicos de cualquier sociedad que pretenda reconocerse como democrática”.

Además, denuncian el hecho de que “aplicar un marco de duda sobre las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de promoción de la inmigración” tiene como consecuencia “poner en situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles”.

Buscar un acuerdo no “racista”

De esta manera, “con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario”. Y es que, para estas entidades, el objetivo de VOX no es otro que el de “intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a las personas en situación irregular y se queden sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, retornen a su país”, olvidando que el derecho a salir del propio país y de buscar asilo se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, las entidades eclesiales invitan a “todos aquellos partidos cuya ideología respeta los derechos de todas la personas que viven en la Comunidad de Madrid” a buscar un acuerdo que proteja de “todas de las políticas xenófobas y racistas promovidas por VOX en su documento para la negociación de un gobierno en la Comunidad de Madrid”.

fuente: Vida Nueva Digital
Comentarios
por Javier (i) (150.214.168.---) - mar , 02-jul-2019, 08:09:00

Comparto la mayor parte de las reflexiones pero el final es de vergüenza: ¿los partidos "cuya ideología respeta los derechos de todas las personas" son los partidos abortistas (IU-P, PSOE, C's, PP)? Los nacidos emigran por más trabas que les pongamos pero los no nacidos no pueden escapar de la muerte atroz a que les condenan los partidos que estas realidades eclesiales apoyan. ¿Qué es lo prioritario? ¿Cuál es el mal menor o el bien posible? Si quieren un partido 100% doctrina social de la Iglesia, que lo creen. Si no, que apoyen al que más se acerque.

por Abel (84.127.33.---) - mar , 02-jul-2019, 09:18:32

Comprendo la objeción, Javier, y tampoco estoy 100% de acuerdo con el artículo. Ahora bien, la ley del aborto es una posibilidad, una ley que posibilita. POdría haber ley del aborto y no haber abortos (ya sé que en la práctica el estado lo promueve, pero es en la práctica, no es lo que legisla).
De hecho lo primero que los cristianos tendríamos que estar recordando a nuestras familias es lo que hacían los cristianos de la generación apostólica: "los demás matan a sus niños en el seno materno, nosotros no" (Didajé y otros, no es cita literal, sino por el significado). Esa debería ser nuestra principal preocupación, y no si el estado tiene o no tiene una ley que lo permite.
En cambio la política de migración es asunto prioritario del estado, cuando el estado legisla la expulsión, no es que la posibilita, se expulsa, es una acción directa. Por tanto, aunque el valor de la vida es mayor que el de la estancia, la acción no es tan directa en el caso del aborto como de la expulsión (y otras lindezas, como pretender quitar la sanidad, etc). Ni hablemos de las concertinas, vergüenza aberrante de todos los partidos.

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