Miles de británicos adoptan ilegalmente óvulos en España
31 de enero de 2008
Lord Alton pide que mientras no haya normas europeas, “España no permita a la gente transgredir las leyes de su país”.
Santiago Mata
Madrid. Miles de británicos vienen a España para adoptar óvulos en tratamientos de fertilidad. Una razón es que en el Reino Unido no se permiten compensaciones económicas a las donantes de óvulos, mientras que en España se les da entre 900 y 1.200 euros. En abril de 2005, una nueva ley británica obligó a identificar a los donantes con el fin de que los hijos pudieran saber, a los 18 años o a los 16 si querían casarse, quiénes eran sus padres biológicos. Entonces desaparecieron por completo los donantes, y cada vez más parejas británicas buscan en el extranjero gametos o embriones donados para tener hijos. De esta forma, se ponen al margen de la ley británica, dando lugar a lo que el parlamentario Sir David Alton denomina “turismo de la fertilidad”. Lord Alton, aludiendo a que entre 1991 y 2005 fueron destruidos en el Reino Unido 1,2 millones de embriones “sobrantes” de procesos de fecundación artificial, apelaba el pasado 30 de diciembre desde el Sunday Times a que se solucione el problema “destinando a las parejas infértiles los embriones que van a ser destruidos. Por lo menos tendrían posibilidades de vivir”.
En España, la Ley de Reproducción Asistida de 1988 establece el anonimato de los donantes de gametos y embriones. Aunque en 1996 un Real Decreto establecía la creación de un Registro Nacional de Donantes, éste sigue sin existir. La ley británica reconoce a los nacidos allí el derecho a conocer a sus padres, al margen del país donde se realizara la donación.
Por este motivo, en opinión de Lord Alton, “España no debería permitir que la gente transgreda las leyes de su país”, prohibiendo a los británicos que adopten óvulos o embriones en España mientras no exista una norma europea que resuelva esta contradicción. A este respecto, el Ministerio de Sanidad se limitó ayer a asegurar que “nosotros cumplimos la legislación española en todos los ámbitos y no la de otros países”.
El doctor Raúl Olivares, del Instituto Marquès de Barcelona, aseguraba en 2006 que “España es el país favorito de los británicos que buscan donantes de óvulos”. En su opinión, desde 2005 son miles los británicos que han acudido por este motivo a clínicas españolas. En la suya, el número de británicos aumenta un 30% cada año.
Los hijos tienen derecho a establecer su verdadera identidad
El pasado mes de diciembre, Lord Alton descubrió en la Cámara de los Lores el caso de dos gemelos, nacidos de forma natural, que fueron separados al nacer y dados en adopción. El anonimato del proceso hizo que con el tiempo, sin saber que eran hermanos, se casaran.
Para evitar que algo semejante suceda en procesos de procreación artificial con gametos o embriones donados, la ley británica de abril de 2005 reconoció el derecho de los hijos a conocer a sus padres. Una ley semejante se había puesto en vigor en Holanda en 2004.
Mientras que el Ministerio de Sanidad español opta por ignorar estas leyes, las clínicas de reproducción asistida, sin dejar de aprovecharse del fenómeno del “turismo de la fecundidad”, hacen firmar a los clientes británicos, según dijo ayer a LA GACETA Raúl Olivares, del Instituto Marquès de Barcelona, un protocolo con el cual se hacen únicos responsables del incumplimiento de la ley británica. Las asociaciones de clínicas de reproducción asistida, como Anacer o la Sociedad Española de Fertilidad, no dan a sus asociados normas al respecto.
Las normas británica y holandesa pretenden aplicar el derecho fundamental de los niños a conocer su identidad, proclamado por la ONU. Lord Alton declaró ayer a LA GACETA que “los hijos deben tener derecho a establecer su verdadera identidad. Necesitan saberlo para evitar relaciones de consanguineidad o incestos, para establecer la información genética que pueda afectar a su salud y para estar así plenamente informados sobre su auténtica genealogía y linaje.
El turismo de la fertilidad, como forma de evadir las leyes del propio país que han consagrado el derecho a saber, pone de manifiesto la necesidad de una regulación europea. Mientras ésta no exista, países como España no deberían permitir que la gente sortee las leyes de sus propios países de origen”
