Campaña en Europa contra los castigos corporales a los niños
1 de mayo de 2010
El debate se centra en dónde está el límite del castigo tolerable y si la prohibición total, incluso a los padres, supone una intromisión del Estado en la vida familiar
Aceprensa, 01/05/10 - Esta semana, el Consejo de Europa (CE) ha organizado algunos actos para promover la prohibición total y expresa de los castigos corporales a los niños en el continente, cosa que ya han hecho 20 países miembros. Se ha montado una exposición en el edificio de la Asamblea Parlamentaria del CE, en Estrasburgo, y el 27 de abril tuvo lugar un debate público en la sede del Comité de Ministros.
Suecia fue el primer país en prohibir los castigos corporales a niños en todos los ámbitos, el hogar incluido, hace 30 años. En 2004, la Asamblea Parlamentaria del CE aprobó una resolución para pedir que se adoptara la misma medida en todos los Estados miembros. Con el mismo fin, en 2008 el CE inauguró la campaña “Levez la main contre la fessée!” / “Raise your hand against smacking!”, que en uno y otro idioma emplea palabras referidas a pegar con la mano. El lema es: “Pegar a un adulto se considera agresión. Pegar a un animal se considera crueldad. Pegar a los niños es por su bien”.
De los países que no han abolido por completo los castigos físicos, ocho –casi todos ex comunistas– se han comprometido a hacerlo, y todos estos menos uno (República Checa) los han prohibido ya en la escuela y solo los permiten en el hogar. En el mismo caso están también casi todos los dieciocho restantes, sin prohibición ni compromiso. Solo Francia y Turquía no los han prohibido ni en uno ni en otro ámbito.
Gran Bretaña, uno de los dieciocho, permite los cachetes a niños por parte de los padres y en algunos casos especiales (ciertos centros de custodia de niños). El mes pasado, el consejero independiente del gobierno sobre seguridad de los niños, sir Roger Singleton, presentó un informe en que recomendaba extender la prohibición a todos los ámbitos menos el hogar. A su juicio, abolir por ley hasta los ligeros cachetes o azotes que pueden dar los padres, a fin de proteger a los niños de malos tratos, sería excesivo e impracticable. Y en los países donde se han prohibido, de hecho ni se han erradicado ni se persiguen tales correctivos leves.El ministro de Familia y Educación, Ed Balls, suscribió la propuesta, que calificó de “solución sensata y proporcionada”. A lo que la vicesecretaria general del CE, Maud de Boer-Buquicchio, replicó que los derechos humanos, entre los que ella cuenta la inmunidad de los niños a los castigos físicos, no admiten excepciones.
De todas formas, el ministro Balls últimamente se ha tenido que ocupar más de la disciplina escolar que de la doméstica, y no porque se practiquen los castigos corporales, pues no están permitidos en los colegios. En Gran Bretaña, como en otros países, los malos tratos en la escuela (violencia, acoso) suelen ser de alumnos contra condiscípulos o maestros. Por eso el Ministerio ha creído conveniente aclarar que la prohibición de castigos físicos no impide que los profesores empleen una “fuerza moderada” si es necesario para impedir daños a personas o al material de la escuela (cfr. Aceprensa, 7-04-2010).
El Consejo de Europa quiere promover el “ejercicio positivo de la parentalidad”, que describe, entre otras características, como un modo de educar sin recurrir a la violencia. En los folletos y demás documentación de la campaña hay cierta ambigüedad sobre si las palmadas corrientes, que no causan daño ni dejan señal, están o no incluidas entre los correctivos que se deben prohibir. Precisamente el debate del día 27 se centró en dónde poner el límite de lo tolerable y si vetar por ley los castigos físicos incluso por parte de los padres supone una intromisión del Estado en la vida familiar.
Nueva Zelanda: una ley impopular
Esto último es lo que sostienen los padres neozelandeses contrarios a la ley que desde 2007 les prohíbe usar castigos físicos con sus hijos. Los disconformes son mayoría, según una encuesta publicada a finales de marzo. Lo mismo había indicado el pasado agosto un referéndum no vinculante: cerca del 90% de los que votaron se manifestaron en contra (cfr. Aceprensa, 28-08-2009).
La contestada medida eliminó del Código Penal la cláusula que excluía del delito de maltrato a niños la aplicación de una fuerza moderada para corregir a un hijo. La razón era que la excepción podía resultar un coladero que amparase malos tratos. También se pretendía un efecto educativo que previniese la violencia doméstica contra los niños difundiendo la idea de que pegarles no es buen recurso pedagógico y de que son preferibles otros castigos. Con la prohibición general, la policía tiene mayor facilidad para intervenir, pero a la vez se le concede amplio margen para hacerlo o no, a fin de que no se persigan hechos sin importancia.
Los contrarios replican que eso es inseguridad jurídica, pues lo que se permite a los padres queda al arbitrio de la policía y los organismos responsables de la protección a la infancia. El gobierno, a su vez, alega que desde la entrada en vigor de la ley solo se ha procesado a dos personas, lo que por otra parte parece síntoma de la escasa utilidad de la reforma. El primer ministro, John Key, ha querido tranquilizar a la gente asegurando que si se llevara a juicio a unos padres por dar un ligero cachete o azote, cambiaría la ley.
Family First, la ONG que promovió el referéndum y encargó la reciente encuesta, pide al gobierno que escuche el clamor popular. Cuatro de cada cinco (tres de cada cuatro entre las madres) se pronuncian contra la prohibición. Tres de cada cuatro no creen que vaya a servir para bajar la tasa de maltrato a niños. El 45% de las mujeres con hijos menores de 12 años dicen haberles propinado algún cachete ilegal en el último año. Una de cada cuatro madres daría su voto en las próximas elecciones a un partido que se comprometiera a cambiar la ley. Otro dato significativo es que solo un tercio de los encuestados entiende correctamente la ley.
La oposición a la medida parece haber aumentado. En el referéndum, puesto que la participación fue del 54%, la reprobaron el 46,8% de los electores (y solo el 7% se pronunciaron a favor), y poco después un sondeo halló un 52% de opiniones contrarias, más un 27% que se contentaban con aplicarla con mayor flexibilidad en vez de cambiarla. Da la impresión, según interpreta Family First, de que muchos de estos se han ido sumando al rechazo de la ley.
